Los antiguos romanos dijeron: “Ubi homo, ibi societas”: cuando existe el hombre, existe la sociedad.

Por la propia imposición de su condición gregaria, el hombre ha vivido en agrupamientos sociales desde sus más remotos orígenes.

Sin duda, aún en esos agrupamientos primitivos — en la misma forma que ocurre entre los animales que viven en manada — siempre debió existir lo que el sociólogo francés Léon Duguit definiera como “diferenciación entre gobernantes y gobernados”. La existencia de un jefe en la horda, debió ser resultante de que se destacaba en el combate, por su valentía o su ferocidad. Pero también ha debido ser resultado de una ineludible diferenciación funcional; lo que en otros órdenes suele llamarse “la relación técnica de mando” que resulta imprescindible para coordinar adecuadamente toda actividad humana de carácter colectivo.

En las formas un tanto más avanzadas de organización del mando en las comunidades sociales primitivas, del tipo de la genos griega y la gens romana, la autoridad emanaba principalmente del respeto hacia los progenitores y de la atribución a los más ancianos de una mayor sabiduría consecuente con la experiencia. En ciertas estructuras, esa autoridad no quedaba centrada en un individuo sino en un cuerpo colectivo, un consejo de ancianos o un “consejo de familia”.

En las más antiguas civilizaciones históricas - que poseyeron el instrumento de la escritura - del tipo de los Hititas o los diversos Imperios Egipcios, la autoridad del Estado quedó generalmente vinculada a la figura de un Rey, cuya legitimidad quedaba principalmente referida a fundamentos de carácter religioso.

Las ciudades griegas de la época clásica — cuyo auge tuvo lugar alrededor del siglo V A.C. — constituyen la forma completa de organización política estatal más antigua, históricamente conocida; en que puede advertirse la existencia de un sistema de autoridad institucional, en el cual diversos órganos tenían asignadas funciones propias, que cubrían de hecho todas las necesidades de funcionamiento de la sociedad. Sus detalles, son objeto del estudio de ese período de la Historia; que debiera constituir una secuencia cronológica, apta para proveer al estudiante el sustento de sus conocimientos acerca de las posteriores realizaciones y realidades históricas, así como para percibir el valor de esas tradiciones en la civilización humana.

Sin embargo, los Estados nacionales europeos posteriores al siglo XV tuvieron rasgos muy diferentes de los que actualmente integran el concepto del Estado.

Las monarquías surgidas del feudalismo, acudieron como fuente de legitimidad de su poder, a la única organización que había sobrevivido íntegra a la caída del Imperio Romano: la Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde que los Emperadores Romanos abrazaron el cristianismo, la legitimidad del poder imperial quedó referida a un origen religioso.

Los Reyes europeos postmedievales — todos los cuales aspiraban a ser sucesores del Imperio Romano y algunos se presentaron como tales — buscaban la legitimidad en el discernimiento del poder por parte de la autoridad eclesiástica; al punto de que, cuando realmente adquirieron un suficiente poder político, pronto cayeron en fuertes conflictos con la Iglesia, cuando ésta pretendió tener influencia en los “asuntos temporales”. Y por ello, en algunos casos, para superar ese conflicto entre el poder político del Rey y la pretensión de influencia de la Iglesia romana, el Rey instituyó una nueva Iglesia sobre la cual asentar su legitimidad, como ocurriera en Inglaterra.

De tal manera, las monarquías europeas, cuando se consolidaron, asumieron un poder al que se atribuyó un origen divino; y por lo tanto, tendieron a ejercer una autoridad absoluta sobre todos los órdenes de la vida social. El modelo de Estado monárquico que existió en Europa en los siglos XVI y XVII y que en cierto modo perduró — al menos como concepción política — hasta el Congreso de Viena de 1815, constituyó un tipo de Estado absolutista, de legitimación religiosa, en el cual todos los poderes terminaban en definitiva siendo ejercidos por el Rey.

En el moderno concepto del Estado, son parte integrante ciertos elementos que se originaron en el proceso intelectual de la filosofía política, cumplido durante la época del Renacimiento; entre los cuales ocupa un lugar predominante la doctrina expuesta por el francés Montesquieu, en su obra titulada “El Espíritu de las Leyes”, llamada “principio de la separación de poderes”.

El concepto de la separación de poderes, consiste en reconocer que el poder del Estado, como potestad jurídica general que se ejerce sobre sus ciudadanos, se compone en realidad de tres elementos también llamados “poderes”:

• El Poder Legislativo — al que está reservado dictar las Leyes, que son a su vez la única forma legítima de restringir los derechos esenciales de los ciudadanos, así como fijar impuestos, entre otras cosas.

• El Poder Ejecutivo — cuya función es hacer cumplir las leyes, dirigir la política exterior, y velar por el mantenimiento del orden social y de la seguridad de las personas.

• El Poder Judicial — cuya función es juzgar a quienes violen las leyes, cometan delitos, incumplan los contratos; y mandar cumplir sus sentencias.

Como complemento del reconocimiento de la existencia de estos tres poderes, surge la necesidad — a fin de que el Estado sea estructurado y funcione de una manera adecuada para regir la vida de la sociedad — de que cada uno de esos tres poderes goce de un alto grado de independencia y autonomía; aunque indudablemente deban funcionar en forma coordinada y mantener determinadas formas de relaciones entre ellos, si bien siempre reguladas y condicionadas por las normas fijadas en la Constitución del Estado.

Junto al anterior, otro concepto filosófico integra de manera esencial la concepción del Estado moderno: el que afirma el principio de libertad individual, y consecuentemente la subsidiariedad del poder y de la acción del Estado.

Surgido a partir de las reflexiones de los llamados “Enciclopedistas”, pensadores principalmente franceses — tales como Rousseau, Voltaire, Diderot y otros — este concepto se enfrentó de manera directamente opuesta al concepto del absolutismo, bajo el cual se organizaban los Estados monárquicos, especialmente en Francia, que identificaban al Estado con la persona del Rey y al cual se atribuían facultades ilimitadas; sintetizada en la famosa frase del Rey Luis “el Estado soy yo”.

A pesar del origen predominantes francés de estos conceptos, desde el punto de vista histórico fue en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1789 en que fueron empleados como elementos rectores en el establecimiento del Estado. La doctrina constitucional norteamericana — construída especialmente por Madison, Jefferson y Hamilton, y expresada en los célebres artículos publicados en el periódico “El Federalista” — conforma sin duda el núcleo central de las concepciones en torno de las cuales se ha constituído el Estado moderno; luego de haber sido recogida en gran medida en el proceso constitucional de la Revolución Francesa, y de manera más estrecha aún en las Constituciones de los países americanos independizados del dominio colonial español.

La Constitución de los Estados Unidos introdujo además un concepto que fue llamado a tener gran aplicación y gran utilidad en la organización de otros Estados modernos; cual fue el de la estructura federal. Esa concepción permitió armonizar la constitución de grandes Estados, en cuya integración territorial y poblacional coexisten unidades políticas importantes, susceptibles por sí de constituir ellas mismas un Estado. En cierto modo, el concepto del Estado federal constituye un traslado hacia un nuevo nivel del principio de libertad individual y de subsidiariedad del poder del Estado; en cuanto establece el principio de que las potestades del Estado federal son exclusivamente aquellas que afectan al conjunto de los Estados federados y están expresamente establecidas, mientras que a esos Estados federados poseen todas las atribuciones estatales restantes.

Por su parte, correspondió a la Revolución Francesa desarrollar y enaltecer el concepto de Nación como un componente fundamental del Estado; en busca de un concepto sustitutivo de la lealtad al Rey, como elemento políticamente aglutinante de la sociedad y el Estado.

• El componente cultural puede estar integrado por la comunidad de idioma, la concordancia en respetar y seguir ciertos valores básicos de convivencia, la creencia en una misma religión, la existencia de tradiciones y costumbres comunes de diverso tipo, y otros elementos que más directamente se asocian a la cultura, como un común fondo literario, musical, arquitectónico y de otras expresiones artísticas.

• El componente histórico reside principalmente en haber convivido los integrantes de esa sociedad y sus antepasados en un territorio geográfico, haber cumplido en él un proceso histórico durante el cual se hayan consolidado los factores de unificación política, creado un sistema institucional — a veces mediante un proceso intensamente bélico (revoluciones, guerras de independencia, guerras de resistencia ante atacantes extranjeros, guerras civiles) — como resultado de lo cual exista entre los integrantes de esa sociedad, generación tras generación, un sentimiento de patria (“patria” viene de padre, y asocia el amor a la tierra con el culto a los antepasados) sentido profundamente por la inmensa mayoría de los hombres actualmente integrantes de la sociedad política.

El concepto de Nación - y su consecuente el de nacionalidad - presupone esencialmente un profundo sentimiento de adhesión y pertenencia a un grupo social constituído en comunidad política; que sobrepasa todas las divergencias existentes al interior de esa sociedad en diversas cuestiones, para llevarlos a coincidir en ciertos componentes fundamentales; los cuales se expresan generalmente en determinados elementos simbólicos, como la bandera, el himno nacional, el escudo patrio, y el respeto hacia los “padres” de la Constitución, o los “héroes” de la Independencia Nacional. Y, sobre todo, en la lealtad sincera, profunda y permanente, hacia los grandes valores fundamentales, que justamente conforman los principios jurídicos y políticos sobre los que se asienta la Nación misma.

Ese concepto de Nación es el que ha movido, a partir de la Revolución Francesa, a las poblaciones de los principales países y ha sustentado las principales y más importantes realizaciones de la Historia. Ha sido, esencialmente, un sentimiento colectivo en cuanto compartido por la inmensa mayoría de los integrantes de esas sociedades; pero esencialmente individual también, en la medida en que ha impulsado a cada uno de esos integrantes a participar con enorme dedicación y compromiso en esos mismos hechos.

Sin embargo, no siempre los componentes mencionados se encuentran presentes todos, o en el mismo grado de incidencia, en los agrupamientos humanos que ellos mismos se consideran como conformando una Nación; y no siempre un Estado está compuesto por una única Nación, ni siempre una Nación ha conformado o conforma un único Estado.

En este sentido, es sistemático mencionar el caso de la Confederación Helvética (Suiza), cuyos pobladores se consideran conformando una Nación (y así lo hacen), a pesar de que en una población relativamente menor por su número, del orden de entre 5 y 10 millones de personas, hablan algunos en francés, otros en alemán y otros en italiano. Si bien crecientemente esos idiomas se difunden entre todos los suizos y muchos hablan dos o los tres, ninguno de ello predomina sobre los otros, ni se abandona su uso predominante en las regiones respectivas; y además, al mismo tiempo, cada núcleo idiomático continúa sus tradiciones, su cultura literaria, etc.

Del mismo modo, otro ejemplo habitualmente mencionado en este aspecto, es el del pueblo judío; cuyos integrantes conforman indudablemente una Nación y lo han hecho así durante siglos, no solamente en función de una comunidad religiosa sino además en base a otros componentes culturales, sea el idioma, o la exaltación de ciertos valores individuales y sociales. Es conocida la compleja circunstancia histórica en torno a los territorios de la llamada Asia Menor, donde se sitúan los llamados Santos Lugares, habitados en la antigüedad por el pueblo judío, ocupados ulteriormente por pueblos islámicos, objetivo de las Cruzadas medievales; y desde mediados del Siglo XX centro de conflictos en torno a la creación del Estado de Israel por decisión de las Naciones Unidas y la resistencia a admitirlo por parte de diversas comunidades de religión y cultura islámica.

El Islam, por su parte, puede ser considerado en cierta forma como una Nación, en cuanto no solamente constituye una comunidad de base religiosa — a pesar de las diversas modalidades religiosas que adoptan sus fieles, a veces con fuerte confrontación entre ellos — sino que también tiene una unidad idiomática, cultural y en cierto grado jurídica (en cuanto existe en el Islam una fuerte corriente que sustenta que las reglas de origen religioso, principalmente las que emanan del libro sagrado el Corán, han de ser aplicadas por el Estado como ley, en sentido jurídico). Sin embargo, no existe una coincidencia entre las sociedades islámicas y un Estado; sino que además de existir numerosos Estados islámicos en los que se incorporan otros elementos de nacionalidad, existen Estados en que — por razones históricas — conviven importantes comunidades islámicas con otras de diverso origen.

De hecho, puede parecer en una apreciación un tanto superficial que en la época actual se encuentran debilitados los conceptos de Nación y de nacionalidad; así como el nacionalismo como sentimiento fuertemente determinante del comportamiento de las colectividades y los individuos. Algunos elementos de la vida moderna — tales como principalmente la universalización de las comunicaciones tanto las audiovisuales como por la facilidad de los viajes, la creciente concentración cultural e idiomática, la rápida expansión de uniformidades de comportamientos, modas, etc., el desarraigo geográfico y la inclinación a emigrar — parecieran atenuar los factores de diferenciación nacional de las poblaciones.

Sin embargo, es evidente asimismo que lejos de debilitarse, el sentimiento nacionalista sigue fuertemente arraigado en grandes núcleos sociales; y sigue siendo en buena medida el impulso determinante de no pocos grandes desarrollos políticos contemporáneos, incluso algunos muy recientes.